Perú: deterioro en la calificación crediticia

La quinta economía en términos de producto y tamaño de negocios en América Latina, el Perú, registra un marcado deterioro económico y de políticas públicas tras cumplirse tres años de la pandemia.

En ello destaca –señalan economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos desde la ciudad de Lima- un entorno débil reciente a propósito de la gestión del expresidente Pedro Castillo [52], hoy en la cárcel, donde las políticas públicas anotaron un hábitat de ausencia que marcó este daño.

Contexto

De acuerdo con el observatorio de datos de determinadas calificadoras de riesgo crediticio, la economía andina ha anotado un grado de “estable a negativo” en función a la prospección de la nación sudamericana.

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Ello –indican economistas y firmas gestoras de activos- tiene como inicio la carga fiscal que enfrentaron las finanzas públicas alrededor de la COVID 19, sumándose “un ecosistema de destrucción institucional e inestabilidad política” a propósito de los diecisiete meses de administración de Castillo Terrones quien impulsó un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre que motivó su encarcelamiento preventivo por presunta sedición.

Según Macroconsult  –un laboratorio de ideas local- hubo “poca claridad” desde el Gobierno del ex primer mandatario investigado –además- por media docena de presuntos delitos como colusión, tráfico de influencias, peculado, obstrucción de la justicia, plagio y por liderar una supuesta organización criminal al interior del Gobierno según la fiscalía del país andino.

Se añade que a propósito del autogolpe de Castillo, la región andina del sur del Perú inició hacia el 10 de diciembre un conjunto de movilizaciones y protestas que el Gobierno de la [sucesora] presidenta Dina Boluarte Zegarra [60] –la vicepresidenta del ex primer mandatario- no ha anotado la pericia de gestionar.

Diseñando más bien una fuerte represión, indican economistas y firmas gestoras de activos, por parte de las fuerzas del orden [policía y ejército].

Producto de esta escalada represiva, dicen medios y agencias independientes y no medios tradicionales y concentrados, se ha señalado la muerte –según datos de la Defensoría del Pueblo- de 48 civiles, 11 por accidentes de tránsito o bloqueos y un policía muerto por una turba de protestantes. Heridos civiles, 1.247; y por parte de la policía son 580.

El portal de periodismo de investigación IDL Reporteros identificó a los altos mandos militares que, de acuerdo con la plataforma, se ubicaron en Ayacucho –departamento del centro sur del Perú- a propósito de la muerte de civiles que intentaron tomar un aeropuerto en diciembre.

Riesgo

Para la firma de consultoría, el principal peligro –de momento y ante la debilidad institucional y entorno político- es “un cambio en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas”; ello puede provocar que “algunos inversionistas trasladen sus capitales hacia plazas con un menor riesgo”, agrega Macroconsult.

Las consecuencias adicionales dice el laboratorio de ideas con sede en Lima, anotan un “endurecimiento de las condiciones financieras locales, reduciendo la disponibilidad de fondos y aumentando su costo: la tasa de interés bancaria o el rendimiento exigido de un bono”.

“El servicio de la deuda pública se incrementaría, poniendo en riesgo la solvencia de las cuentas fiscales”, dice.

“El endurecimiento del financiamiento terminará impactando en el gasto privado por el lado de la inversión [menor confianza empresarial, salida de capitales y elevación del costo de financiamiento], y por el consumo [limitada recuperación de empleo y encarecimiento de precios y créditos], que en términos agregados se reflejarían en un menor crecimiento”.

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